¿Y SI SE VENDE BMI?:
Las organizaciones de gestión de derechos de autor juegan un rol clave para los diferentes actores dentro de la industria musical. Dichos entes garantizan el correcto recaudo de regalías de comunicación pública para los compositores, autores y sus editoras, buscando simplificación de procesos, monitoreo y regulación. La vinculación de un autor o compositor a su sociedad de gestión colectiva de derechos de autor ha sido siempre el primer paso que realizan estos actores al momento de adentrarse en la industria musical.
Para la mayoría de los compositores y autores a nivel mundial, la búsqueda de una buena sociedad de gestión colectiva se ve reducida a la vinculación de alguna de las dos grandes entidades de gestión de regalías de comunicación pública en Estados Unidos: ASCAP y BMI. Estas controlan el 95% del mercado de derechos de autor en Estados Unidos y, cuyas diferencias se veía reducidas a diferentes fechas de liquidación, países con que cuentan con convenios de reciprocidad o porcentaje de comisión. No obstante, ambas entidades compartían un elemento crucial: ambas son entidades sin ánimo de lucro.
Desde el inicio de las PRO (Performances Right Organizations) en Estados Unidos, con la creación de ASCAP en 1914, pasando por el surgimiento de su competencia BMI en 1939 hasta 2013 con la fundación de Global Music Rights, en Estados Unidos y en la mayoría de países, ha regido un sistema de recolección de regalías de comunicación pública a través de entidades privadas sin ánimo de lucro. En las que su estructura, visión y utilidades van enfocadas a la expansión, crecimiento de su infraestructura y el desarrollo de planes benéficos para sus afiliados.
Así pues, es inevitable que surja la pregunta: ¿qué pasaría si organizaciones de este tipo dejan de lado su principio de no lucro y se convierten en una entidad enfocada al lucro?
Recientemente, dicho escenario imaginario, a pesar de no ser nuevo, se volvió objeto de debate en los altos estamentos y medios de noticias de la industria musical. Lo anterior, dado que, actualmente, BMI se encuentra en conversaciones con New Montaigne Capital para ser adquirida por 1.700.000.000 millónes de dólares. Esto ha generado gran controversia sobre su futuro, enfoque y visión de protección de sus afiliados.
Dicha noticia está generando un miedo generalizado en sus usuarios. Pues hay dudas sobre nuevas políticas o cambios abruptos de visión de la organización, lo que podría desembocar en un éxodo masivo de afiliados a otras entidades de gestión colectiva.
No obstante, el pánico que ha generado la noticia podría estar injustificado si observamos el funcionamiento y récord histórico de entidades de gestión colectiva que son con ánimo de lucro. Por ejemplo, como ha sido la exitosa Global Music Rights, creada en 2013 para administrar un catálogo menor de compositor y poder huir de las limitaciones negociales impuestas a ASCAP y BMI por el departamento de justicia de los Estados Unidos desde hace 80 años. Limitaciones entre las cuales está la imposibilidad por parte de estas dos entidades de amenazar con remover parcialmente su catálogo de las “Blanket license” entregadas a las estaciones de radio, lo que ha limitado su capacidad de negociación al momento de definir tarifas a favor de sus administrados.
No estar atado a estas limitaciones, combinado con el sistema cerrado de admisión, ha permitido a Global Music Rights lograr tarifas más favorables para sus compositores y autores, que han sido reportadas ser hasta un 30% mayores que las de BMI o ASCAP.
Gracias a esto, y observando los recientes cambios de política de BMI, como fueron la implementación por su parte de una tarifa de vinculación para sus nuevos afiliados, nos permiten analizar un inminente cambio de visión dentro de BMI. Que se podrá ver concretado si la venta a New Montaigne Capital es concretada. Lo anterior, podría significar una imposición de cada vez más requisitos para realizar la vinculación y acceso a sus servicios. De modo que buscará que la entidad se enfoque a una administración de un catálogo más reducido de compositores y autores, dejando el mercado masivo a ASCAP. Además, ayudado con las libertades negociales que surgirían de volverse una entidad con ánimo de lucro, le permitirá a BMI gestionar de forma más eficiente el catálogo de sus afiliados.
Lo anterior, por supuesto, implicaría a su vez una migración masiva de compositores y autores que no logren cumplir dichos requisitos a ASCAP u otras entidades de gestión colectiva.
A U T O R E S
Mauricio Velásquez
Abogado socio
